La jueza chilena Romy Rutheford, del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, declaró inadmisible la querella que los abogados chilenos Hugo Gutiérrez y Roberto Avila presentaron el pasado 22 de junio contra el presidente peruano, Alan García, por presuntas violaciones de derechos humanos durante su primer mandato, entre 1985 y 1990.

La resolución fue adoptada después de que venciera el plazo de 30 días para que los querellantes (que acudían en representación de los peruanos Raúl Paiva y Rodolfo Noriega, dirigentes del Comité de Refugiados de Perú en Chile) probaran que en Perú no se celebró juicio alguno debido a la matanza de alrededor de 300 presos en tres cárceles el 19 de junio de 1986. Los hechos se produjeron después de que los reclusos se amotinaran para evitar ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Canto Grande.

Con todo, según apunta EFE, Hugo Gutiérrez ha declarado al diario electrónico El Mostrador que la decisión de la magistrada fue inmediatamente apelada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, a juicio de Gutiérrez, la Fiscalía peruana nunca investigó los hechos. Entonces, según el principio de jurisdicción universal, sería pertinente que los tribunales chilenos juzgasen la supuesta participación de García en estos crímenes.