El Gobierno de Evo Morales ha proyectado una profunda reforma agraria que supone la expropiación de las tierras ociosas del este y norte de Bolivia. El fin es confiscar tierras irregularmente distribuidas en regímenes dictatoriales y usadas con fines especulativos. Los analistas advierten que esta política puede desencadenar desorden y violencia en un intento del campesinado por hacerse con las tierras.

Se trata de una medida que responde a la decisión que Morales proclamó durante su campaña y que consiste en devolver al Estado la propiedad de miles de hectáreas de tierra, principalmente en las tropicales regiones de Santa Cruz (este), el distrito más rico del país y sede de un poderoso empresariado agroindustrial, además de Pando (norte), Beni (nordeste) y la provincia de Gran Chaco (sudeste).

Según el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, la propiedad agraria ha generado el ejercicio de poder en Bolivia, ya que los latifundistas han utilizado las propiedades concedidas por el Estado para conseguir "jugosos" créditos y revender los terrenos.

Los analistas advierten, sin embargo, que la política de reparto de tierras anunciada por Morales amenaza con desatar la violencia, como ocurrió entre 2000 y 2005, cuando al menos 100 campesinos sin tierra perdieron la vida en diversos intentos por tomar haciendas en el este boliviano, según AFP.

Gabriela Ichazu, viceministra de Participación Popular en 2003, estima que la medida anunciada por Almaraz es un tema muy delicado porque puede desatar "una caza de brujas" en el oriente de Bolivia.

El Movimiento de los Sin Tierra (MST), que apoyó a Morales en la campaña electoral, agrupa a 250.000 familias de campesinos pobres que demandan continuamente la dotación de unas 500.000 hectáreas de tierra de cultivo, improductivas en diversos puntos del país.

El anuncio se produce una semana después de que Morales pusiera en marcha un proceso de nacionalización de los hidrocarburos del país, que hasta entonces y desde 1996 estaban en manos de empresas extranjeras.