Argentina y Uruguay presentarán hoy sus argumentos en la primera audiencia por el juicio que inició el Gobierno de Montevideo ante el Tribunal de Controversias del Mercosur. Uruguay trata de probar que la acción de los habitantes de los vecinos poblados argentinos de Colón y Gualeguaychú contra las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos causó daños por 400 millones de dólares (311,7 milones de euros).

Argentina, por su parte, sostiene que las protestas se enmaracaron dentro del derecho de libre expresión e intentará probar que no incurrió en omisión del deber de actuar. Además, Ricardo Echegaray, actual director general de Aduanas argentino, señaló que los movimientos de personas en las fronteras no variaron con las protestas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Taiana, rechazó ayer, de nuevo, el ofrecimiento de su homólogo uruguayo para realizar una supervisión conjunta de las plantas de celulosa de Fray Bentos. Según el punto de vista argentino, esa propuesta "implicaría convalidar un acto ilícito contra la Argentina" ya que, entonces, "Argentina se vería forzada a tolerar la localización y las tecnologías elegidas unilateralmente por las empresas para las plantas proyectadas".

Por este último motivo, Argentina también ha llevado el conflicto ante la Corte Internacional de La Haya. El Gobierno de Buenos Aires considera que los papeleras causarían daños significativos en el Río Uruguay y en sus áreas de influencia, tanto en lo que se refiere a la salud, como al bienestar de los habitantes de las comunidades cercanas.