La Corte Suprema de Bolivia ha solicitado al Congreso la autorización para poder juzgar a tres ministros, tres parlamentarios, un ex comandante departamental de la Policía y a dos prefectos, por sus posible responsabilidades en el 'enero negro' de Cohabamba y en los casos de Huanuni.

En el caso de Huanuni, la Corte Suprema ha pedido que se juzgue a la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz; el prefecto Alberto Aguilar; el ex ministro de Minería, Wálter Villarroel; y al ex comandante departamental de la Policía de Oruro, José Luis Centellas, por el delito de incumplimiento de deberes, según ha informado el diario boliviano La-Razón.com.

En Huanuni, entre el 5 y el 6 de octubre del año 2006, se produjo un enfrentamiento entre trabajadores mineros asalariados y cooperativistas, en el que murieron 16 personas y 50 resultaron heridas.

Por otra parte, en los hechos de enero de 2007 la Corte Suprema ha solicitado que se juzgue a la ex ministra Muñoz por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, y a la actual ministra de Justicia, Celima Torrico, por sedición, incendio y destrucción o deterioro de bienes del Estado, en concreto en el edificio de la Prefectura. Aún no ha trascendido ni el nombre de los otros dos ministros ni los delitos de los que se les acusa.

Además, al senador Omar Fernández de MAS se le acusa de sedición, atentado contra la seguridad de los transportes e incendio y destrucción o deterioro de bienes del Estado; a la senadora suplente Leonilda Zurita, de sedición, malversación en la distribución de fondos públicos a los grupos afines a MAS, uso indebido de influencias, incendio y destrucción o deterioro de bienes del Estado. Contra el diputado Arturo Murillo (UN), se pide un juicio por el delito de sedición y para el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por ir en contra de la Constitución y de las leyes.

En Cochabamba, entre el 8 y el 11 de enero de 2007, los campesinos exigieron la renuncia de Reyes Villa con una manifestación en la plaza 14 de septiembre, donde se produjeron enfrentamientos con citadinos que defendían la continuidad de esa autoridad. Este conflicto dejó tres muertos.

De los nueve involucrados, siete pertenecen a MAS. Sólo Murillo, Reyes Villa y el coronel Centellas no tienen un vínculo político con el partido de Gobierno.