Según el vicepresidente del país, Álvaro García, la política del Gobierno, en línea con la nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006 y la confiscación de una metalúrgica en enero, “es irrevisable”. La respuesta se produce tres días después de que una comisión oficial integrada por miembros del Viceministerio de Telecomunicaciones y la Superintendencia del sector iniciaran un proceso de negociación con los socios italianos de Entel.

La expectativa oficial menos optimista apunta a que el Estado boliviano, actualmente poseedor de poco más del 46% de las acciones de Entel, alcance el control de al menos un 51%. Lo ideal, según el vicepresidente, es que el Estado boliviano recupere el 100% de las acciones y la rentabilidad quedara en manos de los bolivianos para potenciar el sector de telecomunicaciones, ampliar a otros ámbitos y apoyar otro tipo de actividades productivas en Bolivia.

Desde el miércoles pasado, el Gobierno boliviano y representantes de Euro-Telecom negocian la posibilidad de nacionalizar Entel por medio de la compra de acciones por parte del Estado boliviano. El embajador italiano en La Paz, Silvio Mignano, exigió que las negociaciones deben ser abiertas y públicas porque es un decreto oficial del Gobierno boliviano, publicado en la gaceta oficial. Italia pidió que se realice sin presiones el proceso de nacionalización de telecomunicaciones.

La compañía italiana Stet, absorbida por Telecom, compró en 1996 el 51% de las acciones de Entel-Bolivia por 610 millones de dólares (456 millones de euros). El 49% restante pertenece a los bolivianos a través de fondos de pensiones y a los trabajadores de la empresa en una mínima parte. Bajo la gestión italiana, Entel es una de las empresas que mejor operan en Bolivia, con un promedio de 40 millones de dólares (39 millones de euros) de ganancias netas al año.