El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó ayer ante la Fiscalía General de su país a 18 diputados que supuestamente le pidieron cargos públicos a cambio de apoyo en la aprobación de una ley para sacar adelante el programa económico del Ejecutivo.

Correa denunció que los legisladores exigieron la dirección de algunas entidades públicas a cambio de su respaldo a una reforma bancaria, con la que el mandatario buscaba legislar sobre el coste del dinero y ejercer un control directo sobre el sistema financiero.

En la denuncia, Correa acusó de concusión a los diputados, que hasta hace poco apoyaban públicamente al mandatario en el parlamento, compuesto por 100 legisladores. La ley ecuatoriana sanciona con hasta cuatro años de prisión al empleado público que exija derechos, cuotas, contribuciones, o sueldos indebidos.

La Fiscalía General no se ha pronunciado todavía al respecto. Correa ha marcado un punto de inflexión frente a la actitud de sus antecesores, que habían denunciado chantajes de los miembros del Congreso, pero que nunca acudieron a la justicia para denunciarlos.