El intercambio de declaraciones se recrudece en la puja por Metrovacesa. Su presidente, Joaquín Rivero, acusa a la familia Sanahuja de toda una serie de irregularidades, como vulnerar la ley con su OPA sobre la inmobiliaria con el único fin de evitar extender la oferta al 100%.
Rivero, junto a Bautista Soler, ha leído en rueda de prensa un comunicado en el que señalan que las ofertas de Cresa “carecen de rigor jurídico para ser aceptadas”, y achacan que pretenden implantar un modelo de gestión familiar a una gran empresa cotizada, evitando además el lanzamiento de una OPA por el 100%.

Rivero ha contestado a los recursos judiciales presentados por Cresa sugiriendo que generalmente el que protesta es el que va perdiendo, y que la gestión de los Sanahuja incluye anomalías como la no presentación de las cuentas de Globalmet, una sociedad inmobiliaria presidida por Román Sanahuja y participada también por Metrovacesa. Rivero ha anunciado su reciente dimisión como consejero de Globalmet ante las anomalías en la sociedad presidida por Román Sanahuja, y ha reconocido que la no presentación de las cuentas de la participada de Metrovacesa podría suponer alguna salvedad en la auditoría sobre el mayor grupo inmobiliario español.

Los efectos de la situación de incertidumbre en la compañía se extienden más allá de estas acusaciones sobre Globalmet. Rivero y Soler han negado una merma en los resultados, incluso adelantan una evolución más positiva de lo previsto, pero admiten la marcha de “cuatro o cinco directivos” a la competencia, y que la imposibilidad de participar en los movimientos corporativos echó por tierra la opción de pujar por Colonial, que “podría haber cuadrado perfectamente con nosotros”.