En contra de lo afirmado por el ministro de Asuntos Exteriores peruano, José Antonio García Belaunde, el presidente, Alan García, ha negado que Perú tenga que abandonar el Pacto de San José de Costa Rica en el caso de restaurar la pena de muerte. García pretende decretar esta pena para los violadores de menores de edad que provoquen su muerte.

En una nota de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, se argumenta que el Pacto de San José, firmado en 1969, fue aprobado en Perú cuando aún estaba vigente la Constitución de 1933 y que de acuerdo con el artículo 54 de esa Carta Magna, aún regía la pena de muerte para ciertos delitos.

Según García, esa legislación se tomó en cuenta al ratificarse en 1978 el Pacto de Costa Rica porque su artículo 4 establece que "en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos mas graves". Por ello, afirmó que Perú no necesita abandonar el Pacto de San José porque nunca abolió la pena de muerte y esa sanción aún existe en el artículo 140 de la Constitución, con lo que bastaría con ampliar la definición de manera que cubriese este tipo de delitos.

No es de la misma opinión el ministro de Exteriores, García Belaunde, quien, además de que personalmente se opone a la medida, piensa que afectaría a la imagen del país y que Perú tendría que retirarse del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, dijo el ministro, "Perú sería el único país de América Latina fuera del Pacto y no tendríamos autoridad moral para criticar a gobiernos dictatoriales e, incluso, la Comunidad Europea no nos vería con buenos ojos".

También los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, y de Justicia, María Zavala, se han mostrado en contra de esta medida. Por el contrario, en el Congreso, ha recibido el respaldo inmediato de su presidenta, Mercedes Cabanillas, y de los parlamentarios del Partido Aprista y de la fujimorista Alianza paran el Futuro.

De todas formas, organismos defensores de derechos humanos ya han aclarado que la pena de muerte no se podría aplicar de manera automática y que, incluso si los trámites se inciasen en las próximas semanas, tardaría unos tres años en entrar en vigor.

El representante de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Ismael Vega, explicó que el país andino tendría que renunciar al Pacto de San José de Costa Rica, esperar unos dos años desde el momento de la denuncia para hacerla efectiva y, finalmente, se tendría que modificar la Constitución, lo cual requeriría de dos legislaturas y la aprobación de más de dos tercios de los congresistas.

Finalmente, el pastor evangélico Humberto Lay, candidato a la Alcaldía de Lima por Restauración Nacional, expresó su respaldo personal a la pena de muerte para los violadores de menores de edad porque aunque no cree en la pena de muerte como una medida disuasiva, sí la ve como "un acto de justicia para con las víctimas y sus familiares".