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La presidenta del Banco Central
de Honduras (BCH), Gabriela Núñez, ha anunciado
que las negociaciones para la cuarta revisión de las metas
indicativas acordadas en el acuerdo trianual entre Honduras y
el Fondo Monetario Internacional comenzarán en la segunda
quincena de agosto. Por su parte, Rebeca Santos, ministra de Finanzas,
ha asegurado que, aunque todavía no existe fecha concreta
para iniciar las conversaciones con la misión técnica
de este organismo financiero, lo más seguro es que se realicen
a finales de este mes.
El conflicto que se ha desarrollado
en las últimas semanas entre maestros y Gobierno (culminado
con huelgas y revueltas callejeras), no afectará a las
negociaciones, según palabras de Santos, aunque inmediatamente
matizó que "el ambiente social en el país no
es el más propicio para las conversaciones". La ministra
ha explicado que el convenio con los docentes formará parte
del nuevo acuerdo con el FMI, por lo cual no constituye un inconveniente
para el cierre de la cuarta revisión.
Para el cierre de estas negociaciones con el FMI,
el Gobierno se comprometió a elaborar planes para acabar
con las crisis financieras de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (Enee) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel). Rebeca Santos ha declarado que ambos planes están
listos y ya fueron presentados al FMI en una visita a Whasington
que hizo el pasado mes de julio. La ministra también ha
declarado que otro motivo para no haber cerrado ya la cuarta revisión
había sido la inclusión de los resultados económicos correspondientes
al primer semestre, que también están listos ya.
No hay ningún ajuste en
la metas indicativas negociadas para este año, pese a lo
cual en las próximas conversaciones se revisarán
indicadores como el crecimiento económico (un 5,4% hasta
junio) o la tasa de inflación (3,4% de enero a junio).
Las demás exigencias del
FMI al país centroamericano han sido cumplidas de acuerdo
con lo programado, sobre todo en lo concerniente al comportamiento
de los ingresos y los gastos públicos.
A pesar de esto, según el
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), Fernando García, si no se lleva a cabo en un plazo
corto de tiempo la licitación de los combustibles y, por
lo tanto, el Gobierno sigue subsidiando la gasolina, el gasto
que eso supone podría causar problemas en términos
macroeconómicos y generar déficit público,
lo que causaría un serio inconveniente con el FMI.
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