La nueva mayoría parlamentaria estadounidense, que corresponde al Partido Demócrata, consiguió ayer cumplir con gran rapidez la aprobación de una de sus promesas electorales básica, cuando el Congreso, con el inesperado apoyo de 84 diputados republicanos, aprobó, por primera vez en una década un aumento del salario mínimo. El resultado final de la Ley, sin embargo, está pendiente, de la votación que se celebrará hoy en el Senado. Sin embargo, pasé lo que pasé, el episodio vuelve a poner de manifiesto la debilidad política del actual inquilino de la Casa Blanca que, presionado por sus partidarios, ha anunciado ya que no ejercerá su derecho a veto sobre esta legislación.

Con este antecedente, todo parece indicar que el aumento de 2,10 dólares por hora en el salario mínimo que obtuvo vía libre en el Congreso ayer se convertirá, en realidad. Y está cantidad se situará en 7,25 dólares, aunque este incremento, que pretende reforzar el poder adquisitivo de esta remuneración que se encontraba en su punto más bajo de los últimos cincuenta años, no será realidad hasta un año después de que la ley sea oficialmente publicada.

Su línea de actuación será otra. Los asesores del presidente intentarán, según contaban anoche, los principales blogs políticos del país, forzar en el Senado, donde la mayoría demócrata es mucho más estrecha y se reduce un voto, la aprobación de una serie de subvenciones fiscales para las pequeñas empresas por valor de 10.000 millones de dólares que se extenderían durante una década.

Y quizá los demócratas tengan que acceder al movimiento para no dinamitar su base electoral, compuesta en buena medida por el colectivo de los empresarios de tipo medio, que también es el que más se ha resistido al aumento del salario mínimo. Aunque saben que Washington presentará esta decisión al público como la primera muestra de la actitud derrochadora de la oposición.

La lucha puede ser dura. Es probable que los rivales de Bush intenten presentar este proyecto junto a una alternativa presupuestaria que elimine otros gastos previstos. Sin embargo, por el momento, no podrán ser los relacionados con la guerra de Irak porque siguen situados fuera de las cuentas públicas. La decisión se plantea difícil.