Las constructoras españolas que licitan por las obras de ampliación del Canal de Panamá han exigido a ambos gobiernos que lleguen a un acuerdo para que el país centroamericano sea tachado de la lista de paraísos fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda de España.

El pasado mes de diciembre, las empresas españolas ACS, Acciona y FCC, junto a la alemana Hochtief y la mexicana ICA, se precalificaron para pujar por un contrato que asciende a 3.200 millones de dólares (2.206 millones de euros). De igual modo lo hizo la también española Sacyr Vallehermoso, al frente del consorcio con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.

Pero los intereses de las empresas españolas se ven perjudicados por los problemas tributarios entre Panamá y España. Ambos gobiernos persiguen llegar a un escenario en el que compartan información en materia fiscal o un convenio para evitar la doble imposición y que incluya una cláusula de intercambio de datos, pero aún no se ha producido.

Este problema no existe para el resto de competidoras en el Canal. La francesa Bouygues encabeza un consorcio en el que también figuran Vinci y Alstom. Su país dio por zanjadas sus diferencias con Panamá en 2007, al extraerla del listado de paraísos fiscales.

El cuarto grupo que licita en el Canal está liderado por la estadounidense Bechtel. EEUU no sólo considera a Panamá un socio transparente, sino que el propio presidente, George Bush, no ha escatimado en halagos hacia la integridad de la Autoridad del Canal de Panamá, gestora de la infraestructura.