La tensión y las protestas se han convertido en el día a día del sector minero latinoamericano. Los gobiernos de Bolivia, México y Perú hacen frente a los paros de esta industria. Unas movilizaciones que, sin embargo, parten de raíces distintas: subidas de impuestos, condiciones laborales y expropiaciones de tierras a los indígenas. A todo esto se suma la amenaza de nacionalizaciones en algunos países, no así en Bolivia, donde, Evo Morales ya ha anunciado que sólo recurrirá a este extremo si las mineras cumplen con los acuerdos de las concesiones.

Los mineros cooperativistas, propietarios de minas y miembros del sector del autotransporte pesado de Bolivia, bloquearon la pasada noche la ciudad de Potosí en protesta contra el incremento del Impuesto de las Empresas (IUE) determinado por el Gobierno, que ha pasado de ser de un 33% a un 55%.

Sin embargo y para tranquilidad de las empresas mineras extranjeras, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados de Bolivia, José Pimentel, ha asegurado que el Ejecutivo de Evo Morales no nacionalizará las empresas mineras que operan en el país, siempre y cuando sean trabajadas como se especifica en su contrato.

Mientras, el tercer hombre más rico de México y presidente ejecutivo de la minera Grupo México, Germán Larrea, se enfrenta ahora al acoso de los sindicatos mexicanos y estadounidenses, lo que constituye una alianza pocas veces vista.

El mayor sindicato de EEUU del acero, United Steelworkers, que ha hecho responsable a la compañía azteca y en particular a su presidente de haber llevado a la quiebra a su filial texana Asarco. En eso también coinciden los abogados de Asarco, quienes pidieron la comparecencia del mexicano ante el juzgado, por considerarle el único responsable de la venta de activos de Southern Cooper Peru.

La tensión se tradujo ayer en una protesta de unos 1.500 trabajadores mineros, que bloquearon los carriles centrales de Periférico Sur en ambos sentidos, a la altura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los integrantes de la llamada Caravana por la defensa de la autonomía sindical y de los contratos colectivos de trabajo lanzaron consignas contra el dueño del Grupo México, Germán Larrea.

Pero no sólo México y Bolivia deben hacer frente a las protestas del sector. En declaraciones a Americaeconomica.com, fuentes de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), han asegurado que las mineras que operan en el país se enriquecen a costa de los campesinos, ya que se quedan con parte del dinero que les pertenece.

Este dinero sale del canon que pagan las mineras, y el cual ha generado un arduo debate en Perú. Y es que, en los últimos días varias comunidades de pobladores como los de Moquegua, han protagonizado varias protestas con amenaza de huelga indefinida, si el Gobierno de Alan García no revisa el canon que paga Southern Perú Cooper.

Según el alcalde provincial de General Sánchez Cerro, Mauricio Nina Juárez, a Moquegua le corresponde este año, por la explotación de Cuajone, un canon de 469 millones de soles, de acuerdo a la producción de este yacimiento. Sin embargo, solo se le entregaría 189 millones.