La fiesta de los grupos privados de inversión puede concluir. El Departamento de Justicia ha enviado diversas notificaciones a estas compañías en las que se les exige información sobre su participación en algunas operaciones de compra. El Gobierno está investigando a estos grupos por presuntas prácticas anticompetitivas.

El análisis se estaría dirigiendo hacia los consorcios que estas firmas han creado en los últimos meses para participar en las operaciones de compra. Según el newsletter especializado Dealbook, con la formación de los consorcios, que en ocasiones llegaba a incluir hasta siete socios, los grupos reducían artificialmente el número de posibles participantes y forzaban una bajada del precio final de la compra.

Con esta política, los principales perjudicados eran los accionistas minoritarios de las empresas que compraban. Además, los grupos de inversión habrían ‘acaparado’ a los bancos de inversión para obtener financiación y dejar sin ese necesario apoyo a otras firmas que aspirasen a la compra de las empresas en cuestión.

Entre otras operaciones, el Departamento de Justicia estaría investigando la compra de Hertz por Carlyle, Merrill Lynch Global Private Equity y Clayton, Dubilier & Rice, o la de la cadena de supermercados Albertson por un consorcio encabezado por Kohlberg Kravis Roberts.