El mandatario peruano, Alan García, declaró ante la justicia y en calidad de testigo por el asesinato de 130 presos durante su primera gestión (1985-90). El 19 de junio de 1986 los reos (guerrilleros de Sendero Luminoso) se amotinaron en las cárceles de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y fueron ejecutado por los soldados.

El caso de El Frontón fue sobreseído por falta de pruebas y en el de Lurigancho sólo se sancionaron a los ejecutores directos pero no a quienes dieron las órdenes. Ahora, el fiscal superior de Derechos Humanos, Luz Ibáñez, evalúa que el mandatario sea incluido como inculpado en este proceso. Según el Instituto de Defensa Legal existen elementos en el expediente del caso para que García sea procesado como autor intelectual.

Alan García brindó declaración ante la jueza del Juzgado Supranacional de Lima, María León. El abogado de los familiares de las víctimas de las penales de Lima, Carlos Riveras, ha manifestado que las declaraciones de García se contradicen con el que fuera viceministro de Interior, Agustín Mantilla, y que es necesario que el mandatario sea inculpado ante testimonios y documentos que evidencian su responsabilidad en los hechos.

En el Palacio de Gobierno, García detalló a la prensa de Perú que no hay ninguna contradicción en las declaraciones que brindó a la jueza y que “si la ley, por sus vacíos, permite que se sigan pidiendo declaraciones, yo estaré siempre dispuesto a hacerlas, porque el presidente es el primero que cuando es requerido a prestar testimonio no se esconde detrás de ningún subterfugio”, según recoge el diario xinhuanet.com.