El contrabando supone unas pérdidas para Bolivia que oscilan entre los 600 y los 800 millones de dólares al año (entre 450 y 610 millones de euros). Esta actividad ilícita se da sobre todo en cuatro zonas de Oruro y Potosí, limítrofes con Chile. Por ello, Evo Morales y Michelle Bachelet, presidentes de Bolivia y Chile, respectivamente, han ratificado el convenio “Controles Integrados de Frontera” que será implementado plenamente a mediados de este año con el objetivo de poner freno al comercio ilegal.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marcia Morales, ha destacado que en los últimos tres años se han hecho dos ejercicios piloto de controles integrados con interesantes resultados. Sin embargo, el sistema no estará del todo operativo hasta el segundo semestre de 2007.

El sector privado, por su parte, ha propuesto que se reduzcan los aranceles establecidos para los productos importados como una forma de evitar el contrabando y perfilar un modelo económico sostenido. Los empresarios han pedido al Gobierno boliviano que trabaje tomando en cuenta propuestas y sugerencias de los diversos sectores económicos.