El Ejecutivo ecuatoriano ha explicado en un comunicado que el conflicto entre el Congreso de la nación y el Tribunal Supremo Electoral afecta sólo al ámbito de estos dos organismos, "que deberán encontrar sus cauces de solución a través de los instrumentos e instancias jurídico institucionales ecuatorianas".

El comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, expone que el Gobierno "se limitará a velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes del país, al tiempo que garantizará la plena vigencia en el Ecuador de los derechos políticos y el estado de derecho, así como la paz y el orden público".

Los grupos indígenas y los estudiantes, a favor del presidente, han denunciado que los diputados que la semana pasada aprobaron la sustitución del presidente del Tribunal Electoral, Jorge Acosta, y que han sido cesados por ese mismo organismo, buscan "desestabilizar la democracia" al impedir el referéndum convocado para el próximo 15 de abril.

El dirigente de la formación indígena Pachakutik, Guilberto Talahua, ha declarado que "queremos alertar al pueblo ecuatoriano que algunos sectores de la oligarquía estarían maniobrando actos autoritarios para captar el poder fuera de las instituciones democráticas, y tal vez hasta asesorados externamente". Talahua ha expresado que la mayoría de ecuatorianos "está de acuerdo con la convocatoria a consulta popular y dispuesta a defender el proceso democrático de la Asamblea Constituyente (...) para buscar cambios profundos en la estructura y forma de gobernar del Estado".

Por su parte, el director de la formación izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD), Ciro Guzmán, ha afirmado que su partido prepara una campaña a favor del sí en la consulta popular que, si no hay cambios, se llevará a cabo el próximo 15 de abril, para "derrotar a la oligarquía que, desde el Congreso y otros organismos ha pretendido frenar la realización de la consulta popular".