El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado una manifestación de pymes catalanas en Madrid ante el aumento de la morosidad que sufren. Como ‘gesto’ de apoyo, ha registrado una proposición de ley para que las Administraciones Públicas en 2015 no superen los 30 días en pagar sus deudas con estas empresas. Actualmente la media en cobrar supera los 100 días. CiU se une así a los ataques al Gobierno iniciados ayer por el PNV.

Si ayer Mariano Rajoy señaló a los suyos que la economía tenía que ser a partir de ahora la diana de todas sus iniciativas contra el Gobierno, hoy se han unido a esta estrategia los nacionalistas catalanes. Lejos de querer derribar a Pedro Solbes, CiU quiere herir a José Luis Rodríguez Zapatero con el sector empresarial más grande de España y que más está sufriendo la crisis: las pymes y los autónomos.

Así, los portavoces catalanes Josep Sánchez Llibre y Pere Macías han presentado una proposición de ley, “ante la inactividad del Gobierno”, para acabar con la “principal causa de mortalidad de las pymes y los autónomos” como es la morosidad. Si esto no fuera poco, han anunciado una manifestación a finales de mes, el día 25 o 26, no ha matizado Sánchez Llibre, de las patronales de las pymes de Cataluña. Y es que para CiU, las protestas de estos empresarios están sobradamente explicadas ya que, para los nacionalistas catalanes, el Gobierno está siendo “incapaz” de llevar a cabo las reformas económicas necesarias.

Sólo 30 días. En la propuesta presentada para arremeter contra la morosidad, CiU propone que el plazo con el que cuentan las Administraciones Públicas para acabar con sus altas deudas se reduzca paulatinamente hasta que en el 2015 no supere los 30 días. Hoy en día, las pymes deben esperar una media de cerca de 100 días en cobrar.

6.000 millones. La morosidad de los 8.112 ayuntamientos ha llegado a límites insostenibles, según aseguró a El Boletín la AEPIM. Esta asociación experta en impagos a pymes ha calculado que las facturas sin pagar a este tipo de empresas ascienden a 6.000 millones de euros de los 30.000 millones que deben a sus proveedores.