Los miembros de la Comisión de la Asamblea Constituyente boliviana coincidieron en que el Congreso Nacional debe abandonar su facultad de elegir a las máximas autoridades del Poder Judicial del país.

Los actuales órganos de justicia se mantendrán en vigor aunque tendrán nuevas competencias, mientras que no se excluye la posibilidad de que otras instituciones desaparezcan. Los cambios más evidentes se realizarán en la Corte Suprema, que cambiará su nombre y se llamará Tribunal Supremo, cuyo número de miembros podría variar.

Todavía no hay acuerdo sobre los mecanismos de elección de los magistrados, la composición del Tribunal Constitucional (TC) ni del Consejo de la Judicatura.

Los oficialistas apuntan a que, antes de la elección de los magistrados, debería realizarse una preselección, hecha por el Control Social de Justicia Plurinacional, nuevo nombre que quieren otorgar al Consejo de la Judicatura. La elección final se realizaría mediante voto popular.

Por el contrario, según la oposición las autoridades del Poder Judicial deberían elegirse mediante un sistema mixto: el 50% teniendo en cuenta la carrera judicial y el restante 50% a través exámenes y concursos de mérito.