El Gobierno boliviano y los departamentos opositores han paralizado el diálogo que llevaban a cabo en las últimas semanas y han comenzado una confrontación política. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Alex Contreras, ha anunciado que ya no se atenderán más demandas del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y que no se reconocerán los resultados de los referendos que las regiones promueven para aprobar su autonomía. Por su parte, los prefectos (gobernadores) se reunirán para aprobar medidas de presión.

Además, los jefes del Senado y del Parlamento, Félix Rojas y César Navarro, respectivamente, ambos miembros del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), amenazaron con juicios de responsabilidades contra los prefectos y las autoridades electorales que lleven adelante las consultas locales amparados en decisiones prefecturales, tal como ocurre en la región de Santa Cruz.

Navarro sugirió también la intervención de la Contraloría de la República ya que, a su juicio, se estarían destinando recursos del Gobierno local “para promover un proceso ilegal“. Ayer, el Consejo Departamental de Santa Cruz aprobó un presupuesto de 11,2 millones de bolívares (1,04 millones de euros) para el referéndum.

La Corte Departamental de Santa Cruz organiza el referéndum para la aprobación de los estatutos autonómicos locales, el próximo 4 de mayo, amparada en una resolución de la Prefectura y una asignación presupuestaria del Consejo Departamental, proceso que imitarían sus similares de Tarija, Chuqisaca, Beni y Pando.