La agencia de calificación Standard & Poor’s ha decidido en las últimas semanas poner bajo vigilancia el ráting de tres países de la zona del euro, España, Grecia e Irlanda, en un momento en que la Comisión Europea ha decidido abrir un expediente a la agencia.

Si finalmente estos tres recortes de ráting se confirman, apenas quedarían cinco países de la zona del euro, del total de 16, que mantendrían la calificación Triple A, reservada a la máxima solvencia, lo que podría tener un fuerte impacto tanto en las economías europeas como en la moneda única. La divergencia de calificaciones representa un desafío para el BCE, que hasta el momento ha sido más cauto que algunos de sus homólogos, como el Banco de Inglaterra (BoE) o la Reserva Federal de EEUU, a la hora de bajar los tipos de interés. Esta política ha sostenido al euro como una moneda más fuerte y estable, pero ahora parece que puede suponer una carga para economías como la española más dependientes de la financiación exterior.

Ataque. El ataque de S&P a los países de la UE se produce en un momento en que la Comisión Europea ha decidido expedientar a la agencia por considerar que ha infringido la legislación comunitaria sobre competencia en la gestión de los números internacionales de identificación de valores (ISINs, en sus siglas en inglés). Si se comprueba que ha habido una infracción, Standard & Poor’s podría ser objeto de una fuerte multa.

La presunta infracción detectada por Bruselas consiste en el abuso de S&P de su posición de monopolio. La agencia exige el pago de tasas para la concesión de licencias a las instituciones financieras situadas en la UE por el uso de ISINs norteamericanos. Y también por algunos elementos descriptivos adjuntos a estos números cada vez que se utiliza un número para acceder a información financiera proporcionada por una agencia como Bloomberg o Reuters. Bruselas cree que de este modo se obliga a las instituciones financieras a pagar por un servicio en el que no están interesadas y que no usan.