La transnacional Glencore se ha pronunciado por fin después de que Evo Morales decidiera nacionalizar una de las plantas metalúrgicas que administraba en Bolivia a través de su filial Sinchi Wayra. La compañía suiza exige al Ejecutivo boliviano el pago de una compensación económica o, de lo contrario, iniciará un juicio internacional ya que acusa al Gobierno de Morales de violación de la propiedad privada.

En un comunicado, Glencore apunta a la vigencia del convenio sobre la promoción y protección de inversiones que Suiza y Bolivia firmaron el 1999. El acuerdo prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en el país andino salvo que fuera motivada por el interés público y bajo pago de una compensación adecuada.

La posición del Gobierno boliviano está lejos de aceptar las peticiones de la compañía. Las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, son más bien desafiantes. “Nosotros le decimos a la Glencore de manera enfática, que más bien se prepare para rendirle cuentas al país...Tiene que darle la cara al país para saber cuánto pagó por (la planta) Vinto y quiénes gestionaron esa transferencia que, desde nuestro punto de vista, es irregular y que ha dañado a la economía del Estado nacional”.

Quintana desestimó la existencia de un tratado bilateral indicando que eso “no significa que aquí reine la impunidad sobre actos administrativos o de transferencias ilegales”.

La transferencia ilegal a la que se refiere el Gobierno boliviano es la que se llevó a cabo cuando la planta Vinto fue vendida en 1999 a la indo-británica Allied Deals, que seguidamente la vendió a la minera Comsur, del ex presidente boliviano Sánchez de Lozada, que a su vez la vendió a Glencore. El Gobierno dice que la transferencia de Vinto a Allied Deals, por 14,7 millones de dólares (unos 11 millones de euros) es irregular porque la planta valía en realidad 140 millones de dólares (más de 107 millones de euros).

Esta venta ha afectado a Glencore a pesar de que, según diversos periódicos suizos, la compañía pagó en 2004 a Comsur cerca de 90 millones de dólares (69 millones de euros) por la compra, y otros 200 millones más (153 millones de euros) por yacimientos mineros.

Varios expertos han señalado el peligro de que las reservas de oro de Bolivia sean objeto de secuestro judicial dependiendo de las conclusiones que deriven de un posible litigio internacional.