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Año X - Madrid, jueves 14 de febrero de 2008
La OEA elogia a Colombia por su control sobre los cultivos de drogas

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), de la Organización de Estados Americanos (OEA), evaluó los mecanismos para prevenir y controlar los cultivos ilícitos de varios países. Colombia resultó tener unos de los más adecuados y la Cicad elogió las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia para controlar el tráfico de drogas.

Este organismo de la OEA considera que el Ejecutivo de Álvaro Uribe cuenta con "una estructura adecuada para hacer frente al problema" con su plan integral cuatrienal. Destacó que el país tiene varios programas de prevención del abuso de drogas, así como un sistema para detectar, cuantificar y erradicar los cultivos ilícitos, aunque no posee mecanismos eficientes para luchar contra el tráfico por Internet.

La Cicad mostró su preocupación por Venezuela porque este país carece de un sistema eficaz para detectar y cuantificar los cultivos ilícitos así como tampoco cuenta con mecanismos específicos para prevenir y controlar el tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por Internet.

Sin embargo, la Cicad destacó los esfuerzos del país sudamericano por llevar a cabo el Plan Nacional de Antidrogas 2002-2007, y por mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la lucha contra el tráfico de drogas. El organismo internacional exhortó al Gobierno de Hurgo Chávez a informar sobre los funcionarios públicos acusados y condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Por otra parte, el informe recomienda a México continuar con la erradicación de estos cultivos y mantener severos controles sobre las sustancias utilizadas para la producción de heroína, y sobre la fabricación del fentanillo (un opiáceo).

Sobre Bolivia el trabajo del organismo de la OEA destacó el esfuerzo que realiza para controlar los cultivos de coca y destruir laboratorios de pasta básica, pero lamentó las deficiencias que mantiene este país en su sistema legal para afrontar el problema del lavado de dinero.

 
 

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