Decenas de manifestantes protestaron en las puertas del Congreso de Costa Rica para expresar su disconformidad con la aprobación del proyecto de Ley general de telecomunicaciones, cuya aplicación "establecería un oligopolio privado en vez de uno público", según el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ahora el acceso a las telecomunicaciones y a la energía, en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quedará determinado por el poder adquisitivo de las personas. Además sus ganancias ya no se destinarán a los más necesitados como se hacía antes.

Esta normativa, aprobada con la presencia de 55 de los 58 diputados con los que cuenta la Asamblea Legislativa -en una votación de 36 votos a favor y 19 en contra-, viene ligada al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EEUU (RD-Cafta).