La presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, en declaraciones a Americaeconomica.com, ha asegurado que España necesita construir entre siete y diez centrales nucleares hasta el año 2030 y mantener en funcionamiento las plantas actuales.

La asociación que agrupa a los titulares de las centrales nucleares (compañías eléctricas) reclama un debate inmediato acerca del futuro de esta fuente de energía, no sólo por cuestiones medioambientales, también para asegurar el suministro. “España es una isla energética que importa cerca del 85% de los recursos energéticos que consume, una cifra que supera a la dependencia del 60% de la Unión Europea”, señala la presidenta del Foro Nuclear, quien añade que sin la contribución de esta energía, España sería más vulnerable ante los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

La factura energética exterior supone unos 32.000 millones de euros anuales, con una fuerte volatilidad debida al incremento del precio de barril de petróleo. La inversión estimada para construir las nuevas centrales ascendería a unos 20.000 millones de euros. Por el momento no existen ayudas públicas, pero esta industria asegura que este aspecto “es muy importante”, ya que si se afronta la construcción de nuevas centrales habría que contar con una línea de subvenciones.

Problemas políticos. Pero el sector es consciente de que el problema no es tanto financiero como político. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterado su negativa a reactivar esta fuente de energía. No están de acuerdo algunas voces socialistas. El ex presidente del Ejecutivo Felipe González firma un artículo en el último número de la publicación del Club Español de la Energía, ‘Cuadernos de Energía’, en el que defiende la “necesaria implantación” de la energía nuclear para usos civiles. González advirtió ayer de que el mundo se expone a una posible crisis de oferta energética en los próximos años.

Recibo. La CNE propuso ayer que la tarifa eléctrica suba el 11,3% a partir del 1 de julio. El Gobierno ha calificado de “razonable” la medida.