Continua sin conocerse el paradero de los tres legisladores acusados la semana pasada de mantener conexiones con grupos paramilitares, tras decretar las autoridades judiciales su captura preventiva.

El senador Álvaro García y Jairo Merlano, así como al representante a la Cámara Erik Morris, fueron acusados de pertenecer a grupos paramilitares y de participar en su creación. García, al que se le acusa también de ser el autor de una masacre de campesinos en el 2000, aseguró en una carta enviada a la Fiscalía General que se entregaría el miércoles tras resolver algunos asuntos personales.

“Estamos realizando operaciones de búsqueda pero todavía no sabemos dónde se encuentran”, afirmó Oscar Galvis, portavoz del Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta colombiana.

Por su parte la Interpol emitió el domingo una orden de detención, que fue enviada a 184 países.

Los tres legisladores fueron electos en el departamento de Sucre, en la costa atlántica colombiana, una región que muy castigada por la presencia de grupos paramilitares de extrema derecha. Otras cinco personas relacionas con los legisladores, incluyendo un ex-embajador de Colombia en Chile, también están bajo investigación.

Esta orden de detención preventiva por parte de la Corte Suprema de Justicia no ha hecho más que confirmar las sospechas sobres los estrechos lazos que unen a muchos de los congresistas del país con grupos paramilitares.

Los grupos paramilitares se originaron para proteger a los terratenientes de los grupos guerrilleros de izquierda, pero en poco tiempo se convirtieron en grupos violentos y con tácticas terroristas, y se han dedicado al narcotráfico.

El proceso de desmovilización que lleva a cabo el presidente Álvaro Uribe supuso que unos 31.000 paramilitares depusieran las armas, pero las críticas sobre la efectividad de este proyecto siguen siendo numerosas.