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España se ha anotado hoy
un éxito en el Consejo de Ministros de Energía de
la UE. Su propuesta de que la interconexión eléctrica
en el mercado interno se sitúe como mínimo en el
10% antes de 2010 ha salido adelante y será debatida por
los jefes de Gobierno en marzo.
El consenso inicial es muy importante
para España que necesita ampliar la interconexión
con Francia para asegurar el suministro eléctrico en un
momento de demanda creciente.
Expertos consultados por EL BOLETÍN
también han mostrado su preocupación por este tema
ya que la interconexión que existe actualmente con Francia
cubre poco más del 3% de la demanda punta de la zona. Estas
fuentes aseguran que los Pirineos son el principal obstáculo
porque Francia tiene poco interés. España es una
isla energética y Francia está muy bien interconexionada, desde el punto de vista eléctrico, con todos sus vecinos.
Los expertos señalan que esta deficiencia en España
supone un problema desde el punto de vista del aseguramiento de
suministro, de la capacidad para comerciar y para ampliar el poder
de las empresas españolas, porque les impide desarrollar
su competencia en el exterior.
Regulador. La interconexión
eléctrica podría ser uno de los temas que supervisase
el regulador energético común que propone la Comisión
Europea. Este organismo, que de crearse tendría unas competencias
muy limitadas, regularía el tráfico de energías
entre los países miembros de la UE. Así lo indicó
el portavoz de Energía el Ejecutivo comunitario, Ferrán
Tarradellas, a este diario.
Propiedad. Además,
hoy Clos consideró que de momento es suficiente
la redacción de las conclusiones del Consejo de Energía
sobre la separación de la propiedad de las empresas energéticas
de la gestión de las redes de distribución. Los
ministros asumieron el objetivo de la separación, pero
puntualizando que temporalmente no implique necesariamente
la separación de red. Por lo que respecta a los objetivos
de energías renovables, el Consejo acordó el 20%
para 2020 propuesto por la CE, pero sin pronunciarse sobre el
carácter obligatorio, en el que España estaba de
acuerdo, que sí será, sin embargo, el 10% de empleo
de biocarburantes en ese año.
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