El Gobierno de Rafael Correa anunció que buscará acuerdos con sus acreedores para renegociar o canjear la deuda externa que consideren “ilegítima”, sin embargo las autoridades no descartan suspender el pago de sus obligaciones si es imposible alcanzar un consenso.

Correa amenazó la semana pasada con no pagar los créditos suscritos por funcionarios corruptos de anteriores gobiernos o que estuvieran en condiciones injustas para el país. Ya en 2007 hizo lo mismo con unos bonos.

Franklin Canelos, vicepresidente del grupo de expertos que audita la deuda ecuatoriana, aseguró a Reuters que han encontrado varias operaciones ilegítimas en casi todos los tipos de deuda emitida por el país andino.

Otra posibilidad que se plantea el Gobierno sería judicializar las deudas en caso de que no hubiera la flexibilidad para sentarse a negociar, agregó el experto.

Ecuador históricamente ha sufrido con el tema de la deuda externa, que actualmente se ubica en unos 10.200 millones de dólares (6.632 millones de euros), algo más del 21 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que ha generado una precaria situación económica que se ha traducido en décadas de inestabilidad política.

Por su parte, los analistas creen poco probable que el Gobierno, en momentos en los que goza de buena liquidez por los altos precios del crudo, vaya a detener el pago de la deuda este año, debido a que haría peligrar la financiación futura que necesita para sus grandes proyectos sociales y de infraestructura.

Los expertos consideran que lo que está haciendo Correa al respecto es una estrategia de cara al referendo que enfrentará este año y proyectar su imagen como un verdadero protector del pueblo.