Los términos del debate sobre la inmigración en EEUU se han vuelto más difíciles para los inmigrantes indocumentados a medida que los legisladores y la Administración del presidente George W. Bush se esfuerzan por llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

El escenario para la reforma migratoria ha cambiado radicalmente en sólo un año, ya que los demócratas controlan el Congreso y existen nuevas realidades políticas para el presidente Bush y los principales negociadores del Congreso.

Las líneas generales de un posible acuerdo han cambiado, generando un camino más difícil hacia la ciudadanía para los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados del país, incluso cuando el poder en el Congreso se encuentra ahora en manos demócratas, que en su enorme mayoría favorece un enfoque más permisivo para los ilegales.

La Casa Blanca ha reflotado una propuesta que exigiría que los inmigrantes indocumentados pagasen multas de hasta 10.000 dólares (7.378 euros), soportaran largas esperas y regresaran a su país de origen para poder reunir los requisitos para convertirse en ciudadanos, condiciones mucho más estrictas que las estipuladas en la medida bipartidaria aprobada por el Senado el año pasado, que fue respaldada por Bush. A los inmigrantes tampoco se les permitiría llevar a miembros de su familia a EEUU.

Los demócratas, a su vez, reconocen que cualquier plan de inmigración debe contar con un apoyo importante de los republicanos para tener la posibilidad de ser promulgado como ley, por lo que están considerando medidas más estrictas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, le ha dicho a Bush que debe obtener 70 votos republicanos antes de que ella intente aprobar cualquier proyecto de ley sobre la inmigración.