El ministro de Finanzas de Ecuador, Rafael Ortiz, ha asegurado que espera firmar nuevos acuerdos temporales con las petroleras privadas que operan en el país en el plazo de un mes. Ortiz consigue así rebajar la tensión que se produjo la pasada semana por los cambios que Ecuador ha introducido en el tratamiento fiscal de estas compañías.

La semana pasada, Ecuador ofreció a las firmas energéticas reducir el impuesto a las ganancias extraordinarias del crudo a un 70% desde el 99%, a cambio de que retiren las demandas que presentaron ante tribunales internacionales de arbitraje contra el país.

El Gobierno de Rafael Correa, que busca con estas renegociaciones aumentar la participación estatal en sectores clave de la economía como el energético y el minero, suavizó su posición en las conversaciones con las petroleras privadas buscando reactivar la inversión y mantener los niveles de producción.

Las quejas de estas compañías vienen de largo. Ecuador aprobó en el 2006 una reforma impositiva que otorgaba al Estado al menos un 50% de los ingresos extras del crudo, pero en el 2007 Correa lo aumentó hasta el 99%. La decisión no gustó nada a las compañías del sector, que todavía no han respondido a la nueva propuesta del Ejecutivo.

El giro en la postura de Quito se produce después de que la petrolera hispano argentina Repsol YPF presentase el pasado jueves 12 de junio una demanda contra el Gobierno de Rafael Correa en el Centro Internacional de Resolución de Disputas en Inversiones del Banco Mundial por los impuestos que se incluyen en la legislación ecuatoriana. Otras compañías como City Oriente, Murphy Oil y Burlington también iniciaron procesos legales contra el país.