El Gobierno vasco y los socialistas, tanto el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el Partido Socialista de Euskadi -País Vasco- (PSE), niegan a ETA legitimidad para intervenir en el proceso político. Responden así al comunicado de la banda terrorista, en el que se asegura que el proceso abierto, tras la declaración de alto el fuego, está en “crisis”.

En una primera reacción al comunicado emitido ayer noche por ETA, en el que los terroristas advierten de que el proceso de paz se encuentra “en crisis” y amenazan con “responder” si continúan “los ataques” contra Euskadi, el Gobierno vasco ha afirmado que la banda “no tiene ningún derecho a frustrar las esperanzas de este pueblo y de esta sociedad”, que es la que “nos ha conducido a las puertas de la paz”. Además, el Ejecutivo vasco recuerda que es “a los partidos políticos y a los representantes de los ciudadanos a los que les corresponde encauzar el camino hacia la normalización y la paz y de su mano estamos avanzando”.

En el mismo sentido se han pronunciado los socialistas, que han recordado a ETA que no tiene legitimidad para intervenir en el proceso político vasco. El PSOE, a través de un comunicado, leído en Almería por el secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso Perales, resalta que la organización terrorista “sabe” que la paz no tiene precio político y que debe cumplir las reglas de la democracia, que son “muy claras”.

El Pardido Socialista de Euskadi (PSE) también ha subrayado en un comunicado oficial que “ETA no va a tutelar ni a condicionar el debate político en Euskadi, porque en democracia, la política está reservada exclusivamente a los partidos políticos y a las instituciones”.

El PP habla de “chantaje”. Por su parte, el secretario general de la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), Angel Acebes, cree que el comunicado demuestra que el proceso “no era de paz”, sino de “chantaje con engaño”. Por ello, Acebes, al igual que el secretario de Comunicación de su partido, Gabriel Elorriaga, entienden que el Gobierno de Zapatero debería abandonar el diálogo con la banda.