El Ejecutivo peruano ha ampliado las facultades del magistrado ad hoc, Gino Ríos Patio, para investigar no sólo a los altos funcionarios del Gobierno anterior, sino también al personal de confianza y del grado jerárquico inferior.

No obstante, Gino Ríos ha descartado que desde el actual Gobierno de Alan García exista la intención de perseguir políticamente a los funcianarios del Gobierno anterior, encabezado por Alejandro Toledo. Aún así, Ríos no descartó que Toledo y su esposa, Eliane Karp, sean investigados si se encuentra algún indicio de su participación en los casos que él investiga.

La investigación comenzará con el caso de la supuesta falsificación de firmas para inscribir el partido político de Toledo, Perú Posible (entonces País Posible), y sobre un presunto soborno de dos millones de dólares (1,58 millones de euros) pagado por la cervecera colombiana Bavaria al ex asesor de Toledo, César Almeyda.

Además, el magistrado y sus colaboradores podrán interponer las acciones civiles que permitan "asegurar, garantizar y lograr" el pago de los importes por las reparaciones civiles, en los que estuvieran comprendidos los funcionarios que con sus acciones hubieran generado la citada reparación.

Se extiende así la investigación a todos aquellos que ejercieron cargos públicos en los más altos puestos de la Administración entre el 28 de julio de 2001 y el 27 de julio de 2006, y se une a la que ya existe sobre los delitos de corrupción que se cometieron durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien espera en Chile a que se resuelva un pedido de extradición de Perú.