Fuentes de Telefónica consultadas por Americaeconomica.com han manifestado su confianza en encontrar una solución satisfactoria después de la resolución aprobada por el Congreso peruano en la que se solicitaba la supresión de las cuotas de abono -renta básica de telefonía en Perú- que la compañía impone a sus usuarios en este país.

Una confianza que se encuentra amparada en que el propio presidente peruano, Alan García, después de esta resolución, si bien ratificó su compromiso de eliminar la renta básica de telefonía, indicó que se haría bien mediante el envío de un proyecto de ley mejorado al Congreso o mediante "una negociación con la empresa Telefónica". Un próximo paso que el Gobierno peruano tomará dentro de 15 días.

El problema reside en que la norma aprobada por el Parlamento interviene directamente en el contrato con Telefónica y, de acuerdo a la Carta Magna peruana, según declaró el propio García, "eso no lo puede hacer el Parlamento por ley, sino, por negociación, el Ejecutivo". En consecuencia, de intentar imponerse la norma parlamentaria, la empresa podría llevar al país a un juicio internacional.

Una situación que además tendría el mal añadido de actuar en perjuicio de las inversiones internacionales. Una cuestión que también hizo a García andarse con pies de plomo en las recientes renegociaciones sobre los impuestos a pagar por las empresas mineras.

Esta es la tercera vez que en los últimos 12 años se intenta renegociar la cuestión de las tarifas de Telefónica; las tres consideradas fallidas por los promotores de esta iniciativa, e incluso en la última, fue el propio Tribunal Constitucional el que la echó para atrás.

Por ello, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso peruano, Yonhy Lescano, ha demandado que, en esta ocasión, el Parlamento actúe como veedor de las negociaciones que emprenda el Ejecutivo con la empresa telefónica.