El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha amenazado con dejar de vender petróleo a los países de la Unión Europea que apliquen la nueva normativa de inmigración. El Alto representante de la Comisión, Javier Solana, ha calificado hoy de "totalmente desproporcionada" esta amenaza. El Gobierno de España ya ha asegurado que hará "un esfuerzo diplomático de información" con los países latinoamericanos que critican la directiva europea.

El malestar entre los países latinoamericanos y africanos sobre la nueva directiva europea se ha hecho patente tras su aprobación el pasado miércoles en Estrasburgo. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de Parguay anunciaba que su representante buscará una declaración de repulsa en la próxima reunión de los estados del Mercosur el próximo 1 de julio.

Chávez, en una rueda de prensa conjunta con el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, ha calificado de "indignante" la iniciativa, que ha llamado "directiva del bochorno", llamando a todos los países latinoamericanos a negarse a aceptar la Ley europea.

Entre los aspectos más polémicos de la directiva de directiva de retorno destaca la posibilidad de mantener retenida 18 meses a una persona sin papeles mientras se tramita su expulsión. Las organizaciones de Derechos Humanos alegan que eso significa manter año y medio retenida a una persona que no ha cometido ningún delito. Aunque los estados pueden fijar un límite menor de detención, las ONGs afirman que la medida animará a los estados a encarcelar a más personas.