El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (Tepjf), Leonel Castillo González, será el responsable de resolver el recurso principal por el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exige el recuento "voto a voto, casilla por casilla" de las elecciones presidenciales celebradas a comienzos de mes. También habrá de resolver el recurso con el que contraatacó el Partido de Acción Nacional (PAN) y el acta con la que el Instituto Federal Electoral (IFE) se defiende de las acusaciones que se le imputan desde la coalición de izquierdas.

En líneas generales, en las más de 800 páginas de que se compone el recurso, el PRD exige que se vuelvan a contar los votos de las 130.000 casillas e impugna los cómputos de 227 consejos de distrito, pero es el distrito 15 de la ciudad de México el que utiliza como eje de su argumentación principal, remitiendo todos los demás recursos a éste. Por su parte, el PAN ha impugnado 131 consejos de distrito, debido fundamentalmente errores en el recuento de los votos.

Al parecer, según publica el diario El Universal, la designación del magistrado Castillo se habría producido de acuerdo con el orden en que llegaron los recursos de inconformidad (los 227 del PRD, más los 131 del PAN, más uno restante de la Alianza por México). Entonces, siguiendo el orden alfabético, según el primer apellido de los magistrados, el recurso principal del PRD -el del distrito 15 de Ciudad de México- le habría correspondido a Castillo.

Sin embargo, de ser así, llamaría la atención que el nombramiento haya recaído precisamente en el presidente del Tepjf, con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial federal y desde 1996 en el Tepjf como parte del equipo fundador de la Sala Superior del organismo. Desde el 30 de septiembre de 2005 es además presidente del Tribunal.

Por encima de estas circunstancias, el caso parecería aún más expresamente diseñado para él, sobre todo si se tiene en cuenta que ya en 2000 y 2003 se vio involucrado en casos similares cuando apoyó anular las elecciones de los gobernadores en Tabasco y Colima, respectivamente. Se considera que es uno de los principales defensores de la intervención del Tribunal en la protección de los derechos ciudadanos y en la vida interna de los partidos.

Con respecto a la polémica de la apertura de las cajas con los paquetes electorales, el IFE ha vuelto a defenderse insistiendo en que ha mantenido intactos los sobres con los sufragios, con la excepción de los 873.000 casos donde los consejos de distrito encontraron causas legales para su apertura y el recuento de votos. Pero en cualquier caso, parece ser que acabarán siendo abiertos ya que el Tepjf ha solicitado al IFE copia de documentos que están dentro de las cajas de los paquetes electorales como son listados nominales, actas originales o copias certificadas de actas de escrutinio y cómputo.

Estos documentos deberán ser extraídos por los presidentes de los consejos de distrito, pero para evitar nuevas suspicacias deberán hacerlo ante los representantes de los partidos políticos y de las coaliciones, quienes tendrán que firmar un acta donde conste su conformidad con la legalidad del procedimiento.

Se quiere evitar a toda costa que se repitan las acusaciones vertidas sobre las autoridades electorales en torno a la manipulación de las urnas electorales (se presentaron vídeos con urnas "embarazadas") y a la apertura precipitada de las mismas con el propósito de imposibilitar un nuevo recuento. Ahora, los votos se encuentran en las 300 juntas de distrito bajo resguardo de las Fuerzas Armadas.