La Audiencia Nacional ha decidido el sobreseimiento del caso de la cesiones de créditos por el que estaba acusado el presidente del Santander, Emilio Botín, tres ejecutivos del banco y una veintena de clientes, por inexistencia de acusación y ausencia de principio acusatorio.

La Fiscalía ha admitido los argumentos de la defensa, que pedía el archivo del juicio “por irregularidades en el proceso”. Así, el Ministerio Público ha declarado que no se puede celebrar juicio porque, en su opinión, se ha vulnerado su derecho a un juicio justo. Ni el fiscal ni la abogacia del Estado han solicitado pena alguna, pero la Asociación para la Defensa del Inversor pidió 180 años de prisión y multas millonarias.