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Venezuela tiene pendientes cuatro
casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversión (Ciadi), organismo arbitral que depende del
Banco Mundial. El último caso admitido por el tribunal
de arbitraje ha sido el de la petrolera italiana Eni, que pide
al Estado venezolano una indemnización de 1.000 millones
de dólares (más de 760 millones de euros).
Eni pedirá además que Venezuela le pague por las
pérdidas registradas desde que le fue confiscado el Yacimiento
Dación. El caso ha sido registrado pero aún falta
que se constituya el tribunal, que se estima pueda empezar a deliberar
en abril de este año.
La compañía italiana fue expropiada en 2006 al no
querer migrar a empresa mixta con el Estado tal y como estaba
estipulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001.
A partir de ese momento inició los procedimientos para
el arbitraje con Venezuela con el Ciadi, que tiene por objetivo
resolver los desacuerdos por tratados de inversión bilaterales.
Además del campo Dación, el otro yacimiento sobre
el cual Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) no logró
llegar a un acuerdo para configurar una empresa mixta fue el de
Jusepín. No obstante, el antiguo operador de este área,
la petrolera francesa Total, ha logrado avanzar en las negociaciones
y se estima que en los próximos meses podría recibir
una compensación.
Los otros tres expedientes que tiene abiertos Venezuela corresponden
a denuncias realizadas por las firmas Vannessa Ventures, empresa
dedicada a la minería; I&I Beheer, compañía
energética alemana, y Vestey Group, corporación
agrícola británica dedicada a la distribución
de comida.
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