El Gobierno de Evo Morales contrajo una deuda de 321 millones de euros (unos 244 millones de pesos) en su primer año de mandato. Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo (institución católica que trabaja por la condonación de la deuda), ha confirmado a Americaeconomica.com que “el problema es que además la deuda que está contrayendo el Gobierno es una deuda muy cara”.

Núñez ve con preocupación que el Ejecutivo de Morales recurra a la Corporación Andina de Fomento (una institución financiera multilateral) para sufragar sus gastos ya que “los intereses son altos y los plazos son cortos, lo que aumenta una deuda cara” que perjudica a largo plazo a la economía del país, según la postura del dirigente.

El director de la Fundación Jubileo opina que es “importantísimo hablar de una endeudamiento responsable y buscar maneras de acceder a otra clase de créditos”. Núñez apunta también al hecho de que “la Administración central no se está beneficiando de la mayor parte de los ingresos que se obtienen de los recursos carburíferos porque éstos se distribuyen entre las prefecturas, los municipios y las universidades públicas”. El dirigente reclama a este respecto una diálogo entre los municipios, las prefecturas y el Gobierno para que se acuerden métodos fiscales que “permitan una distribución más racional de los beneficios”.

Juan Carlos Núñez opina que el país sigue contrayendo importantes deudas porque el Gobierno central debe cubrir las costosas necesidades para financiar su programa de inversión pública y hacer frente al gasto estatal en pensiones, salarios y pago de deuda.

Esta tendencia a endeudarse persistirá, además, porque el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los puntos fuertes de la política de Evo Morales, depende de la ayuda externa.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el país recibió el año pasado créditos provenientes de la cooperación externa por un valor de 248 millones de dólares (más de 188 millones de euros). El Ejecutivo admite que la deuda contraída en su primer año es considerable pero que su gestión es sostenible y, por tanto, Bolivia no tendrá problemas para respetar los convenidos con sus acreedores, por lo menos hasta el año 2020, según recoge el diario La Prensa.