La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), liderada por los Gobiernos francés y alemán, ha lanzado una cruzada contra los países que no cooperen contra la evasión fiscal. Los 50 paraísos fiscales identificados en el mundo manejan activos por valor de diez billones de dólares (7,45 billones de euros), según Transparencia Internacional. Esta cifra representa aproximadamente tres veces el montante que los principales gobiernos del mundo gastarán en conjunto en sus planes de rescate del sector financiero, unos 2,809 billones de euros. Dominica, Panamá y las Islas Caimán son algunos de los países latinoamericanos considerados como paraíso fiscal por la OCDE.

En concreto, Panamá está siendo revisado por algunos países europeos para eliminarla de su lista de paraíso fiscal, a pesar de albergar el mayor de la región en la Zona Libre de Colón. De las casi 40.000 compañías que se encuentran registradas en las Islas Caimán, 600 son bancos, los cuales manejan 500.000 millones de dólares estadounidenses en activos. Uruguay también es considerado paraíso fiscal sudamericano, ya que adoptó una política de exoneración fiscal y secreto bancario para atraer inversiones.

Pero no sólo en Latinoamérica se encuentran estas zonas. Los paraísos fiscales han conocido un desarrollo espectacular desde los años setenta, formándose en la periferia de los países industrializados de América del Norte, de Europa y de Asia. Aproximadamente, la mitad de ellos bajo bandera británica. Casi todos los países de Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro de propio territorio.

En esta lista negra podría introducirse Suiza, y es uno de los primeros pasos para lograr una mayor armonización de la fiscalidad internacional.

Aunque la OCDE no considera que los paraísos fiscales hayan sido causantes de la actual crisis, sí son vistos como una continua fuente de inestabilidad en los mercados financieros. Antes del verano la organización publicará su nueva lista, tras una nueva reunión en mayo o junio en Berlín. Se espera que esté compuesta por una docena de países.

La semana pasada, Nicolas Sarkozy ya adelantó el camino que ahora parece seguir la OCDE, al preguntarse “si era normal que un banco garantizado que ha tenido que ser rescatado por el Gobierno podría seguir operando en paraísos fiscales. La respuesta es no”, concluyó.

Pascal Saint Amans, cabeza de la división internacional de impuestos de la OCDE, ha señalado que “no se puede resolver la crisis financiera introduciendo más regulación y al mismo tiempo dejando que haya resquicios donde prosperan los mercados no regulados”.

Suiza podría entrar en la lista negra de paraísos fiscales, según se desprende de las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, Peter Steinbrueck, que ha señalado que el país alpino tiene importantes restricciones en el acceso a informaciones bancarias con fines fiscales. Para el germano, “Suiza debería estar en la lista negra y no en la lista verde” de países que han cooperado.

El titular alemán de Finanzas ha adelantado que su Gobierno va a poner en marcha medidas de presión contra los paraísos fiscales, y ha dado como ejemplo restricciones para que las empresas que operan en esas jurisdicciones puedan hacerse deducciones fiscales o una supervisión más minuciosa de las entidades que tienen negocios en dichos países.

Fiscalidad armonizada. Francia y Alemania, junto con sus principales socios, buscan una mayor armonización de la fiscalidad internacional. Uno de los grandes problemas que presentan los rescates financieros es su financiación.

Si cada Gobierno sale por su cuenta a los mercados internacionales en busca de financiación, la crisis puede llegar a empeorar, si los distintos tesoros públicos europeos empiezan a competir en la captación de fondos en unos momentos en los que el dinero no abunda, precisamente.

Por lo tanto, la coordinación vuelve a resultar indispensable en este punto y debe tener su correlato en unas políticas fiscales de cierta homogeneidad para evitar que los impuestos sirvan también de elemento de competencia entre gobiernos.

En este duro contexto actual, la lógica indica además, por lo tanto que, al menos en Europa debe procederse a la armonización de las cargas impositivas que soportan ciudadano y empresas y a la total eliminación de los paraísos fiscales.

No va a resultar admisible que exista la posibilidad para algunos capitales de eludir cualquier control tributario, ahora que los Estados obligados a aportar ingentes cantidades de dinero a las empresas financieras privadas.
Precisamente, en EEUU, que no ha participado en la reunión de París impulsada por Francia y Alemania, la Hacienda ha cambiado las reglas fiscales para permitir a sus multinacionales repatriar dinero de los distintos países en los que operan sus filiales sin exigir la fiscalidad de un 35% que antes sí se exigía.

El esfuerzo por impulsar una regulación más estricta también ha alcanzado a los movimientos corporativos. La asociación belga de defensa de pequeños accionistas Deminor anunció hoy un procedimiento judicial sumario para suspender la venta del 75% de Fortis al grupo bancario francés BNP Paribas, al considerar que la transacción se acordó sin consultar a los accionistas.