Cuando aún no ha formado su segundo gobierno, el reciente reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrenta a las primeras acusaciones por irregularidades económicas. El Partido del Frente Liberal (PFL) actualmente en la oposición, denunció las supuestas irregularidades entre la petrolera estatal Petrobras y algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Según informaciones de varios medios de comunicación, entre agosto de 2005 y octubre de 2006 Petrobras habrían transferido casi 11 millones de euros a ONGs vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) del presidente. Además la compañía petrolera también podría haber firmado un convenio por un valor de 82 millones de dólares con la Asociación Brasileña de Ingeniería Industrial (Abemi), para formar 70.000 profesionales en los próximos dos años.

Compañías relacionadas con Abemi apoyaron económicamente a políticos y partidos en las últimas elecciones, de los cuales unos 2,2 millones de euros fueron destinados a candidatos del PT y de su aliado, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por su parte Petrobras ha dicho que la elección de Abemi fue debida a su competitividad, y porque era la empresa más cualificada para llevar adelante el Programa Nacional de Calificación Profesional, un proyecto de formación masiva de mano de obra especializada para actuar en el sector petrolero.

El líder del PFL en la Cámara Baja, Rodrigo Maia, acusó al Gobierno Lula de usar Petrobras para fines políticos, al transferir recursos financieros a ONGs vinculadas a militantes de su partido. Asimismo el máximo representante de otro de los grupos de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en el Senado, Arthur Virgilio, dijo que apoyará la inclusión de las denuncias en la pauta de investigaciones parlamentarias.