El Congreso de Nicaragua ha impedido la formación de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) que el presidente Daniel Ortega quería poner en marcha como un modelo de democracia participativa.

La derecha liberal y la disidencia sandinista han unido sus votos para conseguir una mayoría de 52 escaños en el Congreso y la Ley 630, por la que los CPC se consideraban estructuras del Poder Ejecutivo, ha sido derogada. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de derecha, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de derecha, y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) de izquierda, han formado un bloque de oposición contra el presidente Ortega.

Los diputados de la oposición han acusado a Ortega de organizar comités con fines partidarios, al estilo de países como Venezuela o Cuba. El diputado de MRS, Víctor Tinoco, ha declarado que se trata de un proyecto disfrazado de participación ciudadana que esconde la visión autoritaria y excluyente de Ortega.

Los CPC son órganos de consulta popular que el Gobierno de Ortega organiza desde hace cinco meses en todos los barrios y comarcas rurales del país que, según Ortega, son un modelo de democracia directa. La dirección de estos comités está en manos de la primera dama, Rosario Murillo, cada vez con más poder político en el país centroamericano.

La formación de los CPC se ampara en la Ley de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, que faculta al presidente para crear los consejos que considere conveniente. Los diputados sandinistas han anunciado que seguirán adelante con los CPC.