La presidenta del Tribunal de la Corte Suprema de Panamá, Graciela Dixon, ha acusado a Martín Torrijos de violar la independencia judicial al proponer la creación de una sala constitucional para reformar la Ley de la Policía Técnica Judicial (PTJ), lo que supondría quitar la potestad al tribunal para elegir o despedir al director de la PTJ, órgano encargado de investigar delitos.

Torrijos ha propuesto además la creación de la llamada Sala Quinta de Garantías Constitucionales, con la que él mismo adquiriría los poderes para nombrar a tres nuevos magistrados lo que, según la oposición, daría al presidente un control político del organismo judicial.

Esta Sala Quinta ya había sido creada en 1998 por el presidente Ernesto Pérez, pero al año siguiente, la presidenta Mireya Moscoso la anuló alegando que el Partido Revolucionario, que actualmente está en el poder, ejercía un férreo control sobre los magistrados.

Por su parte, el presidente panameño ha rechazado las acusaciones que le acusan de “intromisión” afirmando que él nunca se ha entrometido en los fallos de la Corte Suprema.