El crimen organizado, la delincuencia común, las maras o pandillas y los denominados “asesinatos políticos” le cuesta a Guatemala la mitad de su Presupuesto nacional.

Entre las principales consecuencias económicas de la violencia se encuentran el incremento de los servicios de salud, los costes legales, el paro laboral, la disminución de la productividad. Y, por su puesto, la inversión en seguridad privada.

Según un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2005 el Estado invirtió en seguridad ciudadana 2.386 millones de dólares (1.842 millones de euros), una cifra equivalente al 7,3% del PIB. También, señala que en 2006 hubo 5.629 víctimas mortales, un 5,4% más que el año anterior.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, reconoce que el control de la violencia es una “tarea pendiente”, pese a que se dispuso la salida de militares a las calles y se ha dotado de más efectivos a la Policía Nacional Civil.