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Año IX - Madrid, martes 26 de junio de 2007

La nueva Constitución venezolana otorga al Estado más control en economía

 

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, plantea un modelo estatal dotado de amplios poderes para intervenir y controlar los sectores estratégicos de la producción, así como para expropiar empresas que no cumplan con los fines socialistas.

El extenso papel de trabajo, preparado por la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, presenta una comparación, artículo por artículo, entre la Carta Magna aprobada por consulta popular en 1999 y los posibles cambios. Aunque hasta ahora la reforma constitucional ha sido preservada como un grande secreto, algunos puntos se han difundidos entre los medios de comunicación locales.

De acuerdo con uno de estos papeles, que ya se encuentran en las manos de Chávez, se plantea la posibilidad de que el Estado confisque las propiedades que “afecten a los derechos de la sociedad”. Se trataría de un riesgo generalizado, que también correrían las empresas socialistas. Según se plantea en el proyecto, estas unidades productivas deben estar en consonancia con los objetivos y los fines socialistas y, si no cumplen con ellos, pueden ser intervenidas y controladas por el Gobierno nacional.

Además, el artículo 305 del proyecto de Constitución indica que, si el Estado lo considera necesario, podrá apoderarse de sectores productivos para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Esto conllevaría que dichas actividades sean transferidas a entes gubernamentales u organizaciones sociales.

Sin embargo, uno de los papeles de trabajo aclara que el Ejecutivo y sus órganos pueden intervenir y controlar sectores que poseen un carácter estratégico como la agricultura, el petróleo y el turismo. Aunque este proyecto llevaría a un verdadero monopolio estatal, el plan es argumentado con la necesidad de defender el interés común y los principios socialistas.

De igual manera, la importancia del interés colectivo hará posible que el Poder Público Nacional tenga competencia sobre los servicios públicos, y en particular sobre los servicios domiciliarios como “electricidad, telefonía por cable, inalámbrica, satelital, televisión por suscripción, agua potable y gas” según indica el artículo 156 del proyecto de Carta Magna.

El nuevo proyecto constitucional establece también que la iniciativa privada no será imprescindible para que el Estado impulse el desarrollo económico. Los constitucionalistas quieren así matizar el artículo 259 de la actual Constitución, que se refiere al régimen socioeconómico, el cual debe aclarar que el Estado no tiene obligaciones con el sector privado, y el Gobierno puede restringir la libre competencia. Por eso los redactores de la nueva Constitución quieren eliminar cualquier término que vincule la actividad del Estado con la iniciativa privada.

Sin embargo, Chávez ha añadido que estos cambios a la Constitución no deben generar temores en el sector privado porque la “propiedad privada productiva, en función de la atención a la necesidad del país, puede convivir con este proyecto”, según declarado a la prensa local.

 
 

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