La decisión del Parlamento de reelegir a Erasmo Pinilla como magistrado del Tribunal Electoral de Panamá durante otros 10 años más se une a la polémica generada la pasada semana con la medida del presidente Martín Torrijos de crear una cámara constitucional dentro del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CJS) para elegir a tres nuevos magistrados, lo que, según la oposición, daría al presidente un mayor control político sobre los organismos judiciales.

La decisión de la Asamblea ha generado polémica entre los detractores de Pinilla, quien fue investigado a petición del panameñista Luis Eduardo Camacho por supuestos beneficios obtenidos por sus familiares como consecuencia del cargo que ocupa desde 1996. El malestar en los organismos judiciales ante la posibilidad de que Torrijos siga adelante con la creación de la nueva sala es justificado desde la oposición por ese potencial mayor control político del presidente del país sobre los órganos judiciales.

La propia presidenta del la CJS, Graciela Dixon, han criticado duramente las últimas decisiones de Torrijos aduciendo que está violando la independencia de la justicia en el país. Sin embargo, las leyes panameñas estipulan que el Gobierno, el Parlamento y la CSJ tienen la facultad para escoger a un miembro del Tribunal Electoral.

La CSJ ya ha nombrado al fiscal electoral Gerardo Solís como magistrado del Tribunal en sustitución de Eduardo Valdés. Por su parte, Martín Torrijos ha anunciado que en menos de un mes escogerá a un magistrado para el Tribunal Electoral.