La defensa de Rodrigo Rato en el ‘caso de Aguas Fuensanta’ asegura, que la entonces secretaria de Estado de Justicia María Teresa Fernández de la Vega, fue quien entonces ordenó en abril de 1996 al abogado de Estado no emprender acciones penales contra el Banco Santander, en relación con las cesiones de crédito.

Así figura en un escrito firmado por la actual vicepresidenta del Gobierno y presentado como prueba ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por la defensa del ex ministro de Economía para desmontar la tesis de que hizo “favores políticos” al Santander en el caso de las cesiones de crédito a cambio de que comprara el 45,3% del capital de Aguas de Fuensanta, una empresa vinculada a su familia. Rato sostiene que, en el caso de que existiesen esos supuestos favores políticos, fueron anteriores a que él fuese nombrado ministro de Economía.

En el escrito, De la Vega pidió que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria”.