El Gobierno boliviano ha entrado en un período de confrontación política con los grupos de oposición por la decisión de expulsar al cubano anticastrista Amarius Sanmartino "en cualquier momento". Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una cuestión de inmigración (el permiso de residencia del cubano ha caducado), los opositores piensan que se trata de un caso de sumisión al régimen cubano.

A los grupos de oposición se ha sumado el Defensor de Pueblo, Waldo Albarracín, que ha pedido a las autoridades suspender la expulsión del cubano "por razones humanitarias", ya que se encuentra ingresado por taquicardias, para no afectar a la "imagen internacional" de Bolivia.

Sanmartino fue detenido y trasladado a La Paz por haber violado acuerdos migratorios y por intromisión en asuntos internos. Sin embargo, la oposición a Evo Morales ha declarado que se trata de represalias porque el cubano ha apoyado en distintos momentos a los opositores al presidente, ya que, durante la reciente crisis entre grupos opositores de Santa Cruz y el Ejecutivo, Sanmartino solía aparecer en entrevistas televisivas para denunciar el régimen castrista y la presunta injerencia de La Habana en Bolivia.

El jefe de la Policía, el general Isaac Pimentel, ha subrayado que el cubano no es un refugiado político, sino que tenía un visado de residente que ha caducado en septiembre. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, sostiene que "ha sido secuestrado por emitir expresiones de lo que pasaba en su país que no quería que sucediese en Bolivia". Por otra parte, el portavoz presidencial, Alex Contreras, ha declarado que "el señor Sanmartino está en el país de forma ilegal, aparece en los medios de comunicación en diferentes coyunturas para denigrar al presidente Fidel Castro y también para entrometerse en problemas internos".