El presidente del Gobierno paraguayo, Nicanor Duarte, ha declarado que el nuevo Consejo Supervisor de Empresas Públicas será el organismo encargado de controlar un programa de reformas en las empresas estatales, que podría permitir el ingreso de capitales privados en las compañías públicas.

En palabras de Duarte, "el Gobierno no busca el totalitarismo de Estado ni el totalitarismo de mercado en su política económica", por lo que una de las misiones del Consejo será determinar si es posible sostener las empresas con recursos estatales o si es necesario establecer modelos mixtos, o de participación de capital privado en ciertas áreas del servicio. El fin último de este organismo es no tener que privatizar las empresas, pues se considera que existen otros recursos para mejorar su servicio y el desarrollo humano del pueblo.

El nuevo órgano estará integrado por representantes de las carteras de Hacienda, Industria y Comercio, Obras Públicas, Defensa y de la Secretaría Técnica de Planificación, y estará presidido por Marco Caballero, quién actuará como representante del Poder Ejecutivo y recibirá rango de ministro. Hasta ahora, Caballero era el titular de la Dirección Nacional de Transporte.

El Consejo ha iniciado su labor con la suscripción de contratos de gestión por resultados con las principales empresas estatales, como la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones, la Industria Nacional del Cemento, Petróleos Paraguayos, la Administración Nacional de Electricidad y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Según uno de los diarios locales, "estos contratos obligarán a los administradores de turno a transparentar el manejo financiero de las entidades públicas".

El programa de reforma de las empresas públicas es una de las metas estructurales fijadas en un acuerdo de contingencia de 97 millones de dólares (73,89 millones de euros) suscrito en mayo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vigente hasta agosto de 2008.