La resolución de la quiebra de Martinsa Fadesa se ha encontrado de frente con los ayuntamientos en los que llevó a cabo sus “macroproyectos”. Casas consistoriales y propietarios de terrenos expropiados desentierran ahora el hacha de guerra para pedir responsabilidades.

La incertidumbre que reina en los municipios ha provocado que el presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, haya iniciado una ronda de encuentros con los ayuntamientos afectados por la situación económica de la empresa.

Según ha podido saber El Boletín, Martín se reunirá mañana mismo con el alcalde de Miño, una comarca coruñesa donde Martinsa Fadesa ha dejado en el aire su obra más ambiciosa en un millón de metros cuadrados. Fuentes oficiales de la compañía explicaron que el presidente de la inmobiliaria, independientemente del concurso de acreedores, es una persona que “le gusta estar cerca de estas situaciones” y “no se descartan más visitas”.

Responsabilidades. La falta de responsabilidades ha provocado que propietarios, vecinos y ayuntamientos hayan iniciado batallas legales. La mayoría de casas consistoriales se niegan a hacerse cargo de las macrourbanizaciones todavía en curso de la inmobiliaria.

En declaraciones a El Boletín el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Miño, Juan Herva, asegura que el consistorio no va a hacerse responsable del dinero depositado por los compradores ni del que falta por abonar a los vecinos expropiados. Heraz afirma que de lo único que se va a encargar el ayuntamiento es de las obras de urbanización (viales, abastecimiento de aguas, alcantarillados, etc).

Obras de urbanización. La visita de Martín a este municipio cobra más importancia, si cabe, ya que desde Urbanismo amenazan con que si la situación continúa así ejecutarán el aval bancario depositado por la empresa para llevar a cabo estas obras.

Los abogados consultados por este diario no tienen clara esta exención de responsabilidad por parte de los ayuntamientos, ya que fueron los encargados de llevar a cabo la actividad expropiatoria de los terrenos de los vecinos. Es más, las fuentes jurídicas animan a los afectados a agruparse para iniciar contenciosos administrativos contra la empresa y los ayuntamientos.

Consistorios hipotecados. La situación de suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa supondrá un importante impacto económico en los pequeños municipio donde “pretendió llevar a cabo sus macrourbanizaciones”. Fuentes empresariales explican que la paralización de las obras provocará una disminución de los ingresos en las arcas municipales al dejar de cobrar impuestos, tasas y licencias.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el catastro, es el factor de mayor impacto económico para el ayuntamiento. En Miño, por ejemplo, cada vivienda pagaría una media de 700 euros de IBI. Otra fuente de ingresos municipales es la licencia de primera ocupación, que se concede tras terminar la edificación.

Expropiados sin cobrar. Los grandes proyectos urbanísticos llevados a cabo por Martinsa-Fadesa han provocado multitud de expropiaciones a los vecinos de pequeños ayuntamientos.

A día de hoy muchos de los terrenos aún están sin pagar y los propietarios se preguntan quién les va a abonar lo que les deben. Los vecinos se enfrentan a ayuntamientos hipotecados y a una empresa en suspensión de pagos. Ante esta situación, los afectados se dirigen ahora masivamente al Tribunal Supremo para que atienda sus recursos.