La petrolera Repsol YPF ha asegurado en un comunicado que iniciará las medidas legales que considere oportunas "ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales" en la defensa de sus derechos y los de sus empleados si persite la "injustificada y reiterada persecución judicial" de las autoridades bolivianas que, a su juicio, sufre Andina, la filial de la compañía en Bolivia.

Este anuncio supone la respuesta al registro que el Ministerio Público de Bolivia llevó a cabo el pasado viernes en el que tres fiscales, acompañados de medio centenar de agentes armados, allanaron la sede central de Andina en busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal que habrían suscrito la compañía española y la brasileña Petrobras para realizar un ajuste de precios sobre el gas vendido a Brasil. El registro derivó en la detención y el arresto domiciliario limitado de Saúl Encinas, auditor de Andina, acusado de "estafa agravada".

Según el Gobierno de La Paz, los perjuicios causados a Bolivia por ese acuerdo, firmado en 2002 y cancelado a mediados de este mes, rondan los 160 millones de dólares (125,5 millones de euros), aunque Repsol YPF ha indicado que el convenio fue legal y no causó daños al Estado boliviano.

La petrolera hispano-argentina añadió en su comunicado de ayer que, en estas condiciones, "estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos (en el país andino)".

Por otro lado, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, ha asegurado que la condición para negociar nuevos contratos con Repsol YPF y Petrobras es el respeto a la nacionalización del sector, según una entrevista publicada en el diario La Prensa. Soliz cree que ambas petroleras, al ver que otras compañías demuestran una apertura a ese proceso, "van a seguir el mismo camino y van a entrar a un clima de negociación cordial", pero "en el marco del respeto al decreto de nacionalización. Esta es la condición fundamental para conversar", subrayó.

Además, el ministro da a entender que la denuncia contra Repsol YPF y Petrobras puede ser utilizada como un arma de negociación. "Obviamente los negociadores pueden mencionar este tema para obtener mejores condiciones para el país", asegura.

Por su parte, el vicepresidente bolivano, Álvaro García Linera, viajará a España el mes que viene para explicar a las autoridades de ese país la política del Gobierno de Bolivia en cuanto a la nacionalización de sus hidrocarburos.