Los
casos en los que algún cargo político español
está acusado de maniobras poco limpias están colapsando
los tribunales españoles. En lo que llevamos de año
2008, 206 causas están en trámite o han tenido ya
respuesta de manera favorable o desfavorable para el acusado.
Las noticias en las que la palabra
corrupción viene acompañada a la de un cargo público
no cesan de aparecer y su nexo siempre es el mismo: el sector
urbanístico. Cargos de todos los partidos han sufrido en
sus carnes este año las acusaciones de corrupción.
Hasta el día de hoy, 206 causas han tenido como protagonista
a un representante político.
El último en engrosar esta
lista ha sido el alcalde de la localidad valenciana de Zarra,
el independiente y ex socialista Juan José Rubio, detenido
esta mañana por su relación con la corrupción,
aunque la Guardia Civil no ha precisado más detalles.
Con la detención de un independiente
se demuestra que la corrupción no conoce de partidos, aunque
las filas populares han concentrado las citas con el juez. Y es
que el PP ha colmado la mayoría de los casos de corrupción
y sus altos cargos han tenido un papel principal. Un buen ejemplo
es la ‘número dos’ de Castilla y León,
María José Ruiz, y las acusaciones de prevaricación
que recaen sobre ella por la construcción de un campo de
golf en un área protegida.
En la mayoría de estos casos
y hasta que la Justicia anuncia una decisión firme sobre
las investigaciones, los imputados cuentan con el beneplácito
de sus jefes de filas. Un buen ejemplo se encuentra en el PP donde
viejos presuntos culpables como el líder del PP de Castellón,
Carlos Fabra, no son expedientados e, incluso, su labor es homenajeada
en público por el presidente del partido, Mariano Rajoy.
A continuación se adjunta un ránking con el número
de casos de corrupción por comunidades autónomas
españolas:
- Andalucía: 97*
- Canarias: 31
- Murcia: 15
- Castilla y León: 13
- Comun. Valenciana: 12
- Madrid: 12
- Galicia: 11
- Baleares: 10
- Castilla-La Mancha: 2
- La Rioja: 1
- Navarra: 1
- Cantabria: 1
*En algunas comunidades como
Andalucía las causas se remontan a la ‘Operación
Malaya’, ya que los juicios siguen abiertos.
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